Las consecuencias de los caprichos políticos en materia de agua en España.

 

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No es fácil resumir la política del agua en nuestro país, pero aquí va un intento.

La Constitución Española (CE) de 1978 otorgó a la Administración General del Estado, la gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, es decir, aquellas cuencas, cuyos ríos discurriesen por más de una comunidad autónoma, debían ser gestionadas por el Estado; este es el caso de la cuenca del Duero, de la cuenca del Tajo, de la del Guadiana, de la cuenca del Ebro, de la del Júcar, del Segura, del Miño-Sil , de la cuenca del Cantábrico y hasta no hace mucho tiempo (enero de 2009) de la cuenca del Guadalquivir.

Se entiende por cuenca hidrográfica el territorio en el que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único. La cuenca hidrográfica, como unidad de gestión del recurso, se considera indivisible. (Def. dada por el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio).

Para gestionar de una forma coherente tales cuencas hidrográficas, se crearon, incluso antes de la CE de 1978, los Organismos de cuenca, conocidos también como Confederaciones Hidrográficas.

Las Confederaciones Hidrográficas dependen funcionalmente de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, es decir, son Administración General del Estado.

Esto ha garantizado, más o menos, durante muchos años, una coherencia en la gestión del agua en nuestro país; esto es, se mantiene la misma gestión en una masa de agua, como por ejemplo, el río Duero, tanto a su paso por la provincia de Soria, como a su paso por las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca, por poner un ejemplo.

Qué duda cabe de que hoy por hoy el agua, un recurso cada vez más preciado, es en nuestro país poder, y el poder es sin duda, la mejor “arma” con la que cuentan los políticos (esos personajes que todo lo manipulan a su antojo para llevarse votos y estar en el poder a costa de lo que sea) para manipular a la sociedad según les venga en gana.

Con la reforma de los Estatutos de Autonomía, se ha aprovechado para transferir a las Comunidades Autónomas, algo, que hace unos años era impensable, me refiero a la gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias. Si,sí, se la ha dado de nuevo una patada a esa norma magna, la CE, y como los políticos hacen lo que les da la gana, porque para ellos está claro que no hay nada imposible si se trata de hacer las mayores barbaridades posibles, seguimos pues, con la locura de transferencias de competencias “intransferibles” a las Comunidades Autónomas.

En este sentido, ya se ha transferido la gestión del agua a la Junta de Andalucía. La transferencia fue efectiva con fecha 1 de enero de 2009; desde entonces, existe la Agencia Andaluza del Agua (Junta de Andalucía), que gestiona el 90% de lo que en su día fue la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, es decir, gestiona los ríos y parte de los ríos (léase bien, “parte” de los ríos, porque para los políticos los ríos también tienen partes que se pueden dividir alegremente) que discurren por el territorio de la comunidad andaluza y por otro lado, existe o resiste, mejor dicho, lo que queda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), que gestiona el otro 10% de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, es decir, los trozos de los ríos que discurren por las comunidades de Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia.

Desde hace más de 80 años, y como ya he señalado anteriormente, de una forma más o menos coherente, se han gestionado las cuencas hidrográficas en nuestro país.

En el año 2000, se aprueba en el seno de la Unión Europea, la Directiva Marco del Agua, que se basa, precisamente, en la gestión del agua a través de las cuencas hidrográficas en todos los países comunitarios, es decir, gestionar la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. Para una vez que se fijan en Europa en un modelo seguido en España, vamos nosotros y nos lo cargamos. Incumplimos así, no sólo nuestra propia Constitución, sino también la legislación europea. No me extraña, que desde Europa, nos tengan que señalar las directrices a seguir (y no sólo en materia económica).

Pero, los políticos, con este rollo de transferencias a las Comunidades Autónomas olvidan, que además de transferir la competencia en cuestión, también se transfieren personas (empleados públicos). A continuación se pone de manifiesto lo que ha pasado con la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Junta de Andalucía y el destino de la Agencia Andaluza del Agua:

En el año 2005 se transfirió por el Estado a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Sur, así como las cuencas del Tinto, del Odiel, del Piedras, del Guadalete y del Barbate.

Todas ellas pasaron a llamarse Agencia Andaluza del Agua, y aunque el nombre puede dar a error, seguía siendo un Organismo compuesto por funcionarios y laborales en activo, es decir, seguía siendo un Organismo Autónomo, sólo que ahora dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

A todos los funcionarios transferidos, que estaban ocupando sus puestos por concurso, es más, la mayoría de ellos ocupaban su puesto 26 por concurso obtenido tras haber aprobado las oposiciones, los pasaron automáticamente en la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) como puestos de nivel 26 de libre designación, es decir, sufrieron un fragante robo de uno de sus derechos fundamentales como funcionario, de igual modo ocurrió con los niveles 28 por concurso. Así de un plumazo, de un día para otro, se cargaron una estructura basada en el concurso de méritos y capacitación profesional, en la que cualquier funcionario transferido podía ser cesado de su puesto. A aquellos que no tenían el nivel 26 aún consolidado, el panorama se le presentó aún peor dado que como no le reconocían su nivel de salida en las oposiciones del Estado, podían ponerlo en un nivel 22 – que es el puesto de salida de los opositores en la Junta.

Pero para mayor aberración contra los derechos adquiridos como funcionario, cuando los funcionarios transferidos concursan a otra plaza, no se les tiene en cuenta la antigüedad por todos los años que estuvo como funcionario en el Estado. Así, consta en nuestra hoja de servicio en la Junta de Andalucía: antigüedad desde … y ponen la fecha del día de la transferencia. Así, cualquier funcionario, o en el caso concreto de un ingeniero de caminos que llevara 20 años como jefe de explotación de un embalse, si se presentaba a la plaza de otro embalse, le constaba en la puntuación del concurso como 0 de esos 20 años, así, cualquier funcionario de la Junta, con tan sólo 1 año de experiencia, ganaba el concurso. A éste se le añadía el agravante, que en la RPT quitaron el requisito de titulación a la plaza, es decir, que cualquier titulado podía presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica. Las consecuencias directas de esta estructura es que igual nos encontramos a un industrial dirigiendo una obra, estos en los niveles bajos, por no hablar de licenciados en historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas o veterinarios ocupando plazas de infraestructuras o biológos plazas como jefes de explotación de presas.

El 1 de enero de 2009, se transfiere a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (conocido es por todos el recurso de inconstitucionalidad del cual se está pendiente la resolución en las próximas semanas al ser el Guadalquivir una cuenca intercomunitaria de las que dice la Constitución Española es competencia exclusiva del Estado). Los funcionarios venían ya escarmentados por las barbaries que habían oído se habían cometido con las transferencias del Sur – aunque nadie, por mucho que nos contaron nos llegamos a imaginar hasta donde podía llegar esta pesadilla.

No se respetó, al igual que en el Sur, tampoco la antigüedad como funcionario en el Estado a la hora de los concursos. Por supuesto, a los niveles 26 les retiraron todo el personal que tenían a su servicio, y llenaron esto de nuevos niveles 28 de perfil la mayoría de ellos no técnicos, a cuyas órdenes quedaron todos los funcionarios transferidos. En definitiva, todos los técnicos de un modo otro fueron renegados a costa de duplicar plazas (al lado de un funcionario del Estado otro de libre designación puesto a dedo, trabaja el funcionario del Estado y firman los de libre designación).

Pues bien, a pesar de todo esto, los funcionarios y laborales transferidos siguieron trabajando, eso sí, con criterio técnico y con estricto cumplimiento de la Ley de Aguas.

Pero lo peor aún estaba por llegar.

A la cabeza de todas las provincias, que como sabéis en las Confederaciones, está al frente un jefe nivel 28, pusieron a un delegado provincial político, bajo éste un gerente de libre designación nivel 29 también político, debajo de éste varios niveles 28, todos de libre designación, y todos los funcionarios pasaron de tener una jefatura técnica, en aras de la famosa unidad de cuenca, a tener un jefe político por provincia: olé, viva la unidad de cuenca de la Directiva Marco del Agua. Con lo que nos podemos hacer una idea de lo extremadamente difícil que será tomar decisiones unitarias en ríos como el Guadalquivir, cuando cada jefe político provincial tira para sus intereses: en sequía, por ejemplo: “el de Jaén: oye, que necesito más agua para el olivar, y el de Huelva: y una leche, y mis arroceros quieren también más”; estas consecuencias, pueden ser realmente graves en periodos de lluvias e inundaciones a la hora tomar las decisiones de desembalse: “en Jaén, yo abro ya, y una leche que espere al de Córdoba, yo suelto ya que se me inunda Úbeda”. La politización ha llegado ya no sólo en la designación de numeroso personal por libre designación, sino en la toma de decisiones en función del color político de tal o cual ayuntamiento o tal o cual regante, hasta el punto, que estas presiones llegan de manera directa incluso a la guardería fluvial o explotadores de embalses, a la hora de sancionar u otorgar concesiones. La guerra feudal del agua comenzaba.

En junio del 2010, federaciones y asociaciones de regantes, colegios profesionales de caminos y agrónomos y lo que queda de representación el Estado en Andalucía (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) firmaron un manifiesto público en pro de la unidad de cuenca, a la que desde Andalucía se hicieron oídos sordos.

Pero la pesadilla estaba por comenzar. La Junta de Andalucía, no sólo hizo oídos sordos a las voces en contra de su sistema provincializado y politizado de gestión del agua, sino que en Julio de este mismo año ha dado un paso más. Un paso que esta vez se ha encontrado con la salida a la calle y la huelga de todos los funcionarios y laborales de la Agencia Andaluza del Agua (por primera vez en la historia el día 16 de septiembre, las presas estaban con servicios mínimos, y el día 7 de octubre, todos estos funcionarios y laborales procedentes de las confederaciones hidrográficas del Estado tuvieron un encierro de 24 horas).

Numerosas voces han reivindicado en prensa la marcha atrás de esta locura: ecologistas, colegios de ingenieros, regantes y voces de la administración estatal.

La Junta de Andalucía ha decidido crear un ente público empresarial (vamos una empresa pública que viene a ser la actual empresa pública denominada Egmasa, compuesta por personal contratado a dedo) y eliminar la Agencia Andaluza del Agua (compuesta por personal funcionario y laboral procedentes del Estado la mayoría, todos ellos en su puesto tras un proceso de oposición en régimen de igualdad, capacidad y publicidad, como marca la Constitución). Así se ha decidido por el decreto – ley aprobado por boja (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) el 28/07/2010. La jugada es la siguiente, dado que “su empresa pública” (con más de 8000 empleados afines) acababa de obtener una sentencia del Tribunal Supremo estableciendo que ésta estaba realizando funciones que implicaban ejercicio de potestades administrativas que sólo estaban reservadas a funcionarios; se decide con este decreto-ley (con la excusa de que ante la crisis tienen que refundir agencias (ojo, así debería de ser si todas fueran empresariales) deciden suprimir un Organismo Autónomo de la administración (Agencia Andaluza del Agua, antigüas Confederaciones del Estado) y crear una nueva empresa pública que integra la antigua que ya tenían cambiándole el nombre (Amaya) y dándole potestades administrativas. ¿Qué el tribunal supremo no nos deja que nuestra empresa pública ejerza potestades administrativas porque no son funcionarios?

No pasa nada, creamos una nueva empresa, le damos potestades administrativas por decreto. A la empresa pasarán obligatoriamente todos los laborales (la mayoría guardería fluvial y personal de explotación de presas), han troceado los procedimientos administrativos (ríanse ustedes ya de la unidad de cuenca) parte se hará en la empresa y parte en la administración (vamos, la firma final). Según el decreto, por ejemplo, para la empresa va el personal de mantenimiento de presas y los laborales de explotación, pero los funcionarios de explotación no (¿cómo se como esto?). El carajal es tal, que han decidido que incluso algunos funcionarios (según el borrador de Estatutos) pasarán obligatoriamente a la empresa pública: lo llaman adscritos funcionalmente a la empresa y orgánicamente a la consejería, no, no¡¡ no una excedencia voluntaria, porque necesitan funcionarios firmantes en la empresa dado que le han dado potestades administrativas, sino funcionarios obligatorios para la empresa por debajo y a las órdenes de un externo contratado, siendo también la empresa la que establecerá la jornada laboral, funciones y sueldo de ese funcionario, e incluso, para más inri – no sea que el funcionario pasado obligado a la empresa no quiera firmar barbaridades e ilegalidades – la empresa puede iniciar expediente disciplinario al funcionario y cualquier contratado externo hacer informes para el expediente sancionador del funcionario. ¡Esto parece una pesadilla pero es pura realidad! la respuesta está ya en la calle, jamás los funcionarios de las confederaciones salieron a manifestarse, jamás, ni si quiera con las transferencias, ni siquiera cuando les quitaron sus plazas por concurso, ni siquiera cuando no le computan su antigüedad en el Estado en los concursos¡¡ pero acabar con la función pública, con la independencia de la gestión del agua, eso ha sido lo único que los ha echado a la calle.

Todos los documentos referidos (Decreto y Borrador de Estatutos), así como los artículos de prensa, manifestaciones, artículos de apoyo de compañeros, recogidas de firmas, etc pueden encontrarlos en la siguiente web de la plataforma constituida por todo el personal funcionario y laboral de la Agencia Andaluza del Agua (antigüas confederaciones antes de ser transferidas a la Junta de Andalucía):

http://plataformaaguapublica.blogspot.com/

Si eres funcionario del Estado, habrás entendido la gravedad de la situación, más ahora cuando a nivel nacional se habla en estos momentos – y no seguramente por casualidad – de la sentencia del Constitucional sobre la transferencia del Guadalquivir, cuando se habla de la creación de un “ente” paralelo al Ministerio para coordinar la política de aguas y a las Confederaciones Hidrográficas (como si no existiera ya una Dirección General del Agua que se encarga de eso, eso sí, claro, compuesta por funcionarios de carrera), si eres funcionario y puedes ayudarnos a parar todo esto, distribuye éste escrito, que lo que está ocurriendo sea conocido por todos. Podéis también adjuntar vuestra firma en la página web de la plataforma.

Esperemos que la sentencia del Constitucional ponga algo de cordura en todo esto, o las guerras del agua y la caída de la administración pública neutral y capaz está asegurada.

Muchas gracias a todos.

Una funcionaria que opositó con mucho esfuerzo porque siempre creyó en la Administración Pública.

 

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1 Comentario
  1. Me ha sorprendido mucho tu artículo. No sabía que en Andalucía las cosas estaban tan mal. En el Estado no te creas que las cosas van mucho mejor. Desde que Cristina Narbona en un momento de rabieta contra los ICCPS creó la oposición de técnicos superiores de organismos autónomos, no han parado de entrar licenciados en ambientales, de montes, ingenieros químicos, filólogos, farmaceúticos y veterinarios en las Confederaciones Hidrográficas, sobre todo en la del Segura, donde los Ingenieros de Caminos de Comisaría y Planificación se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. En su lugar, hay veterinarios, de montes y sobre todo mucho licenciado en ambientales que se ocupan de los puestos de responsabilidad, eso sí, con costosas asistencias técnicas que han de pagar los ciudadanos porque ellos no tienen ni idea de nada. A pesar de todo entorpecen a los ciudadanos y crean situaciones de riesgo que no deberían producirse si hubiera ingenieros de Caminos. Lo peor de todo es que estos personajes se creen capaz de todo y reclaman las plazas de mas alto nivel sin ningún pudor (Hay un refrán que dice que la ignorancia es muy valiente, y es por eso que esta gente se cree capaz de hacer el trabajo de un iccp sin estudiar). Y es que claro, los altos cargos fueron nombrados por Cristina Narbona. En resumen todo es una verguenza, que la única salida que veo es intentar erradicar o minimizar la pantomina de oposición denominada Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. También habría que procurar que salieran mas plazas para ingenieros de caminos.

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